“Debe existir una rentabilidad mínima para los clientes del sistema Financiero”, exigen conservadores

Miguel Ángel Barreto Castillo, representante a la Cámara por el partido Conservador explica alcances de la iniciativa.

Un proyecto de ley que protege a los usuarios del sistema financiero y dicta nuevas disposiciones relacionadas con los reportes en las centrales de riesgo, fue radicado por los representantes conservadores en el Congreso de la República.

El representante tolimense, Miguel Ángel Barreto Castillo, vocero de la colectividad en la Cámara, explicó que “se trata del proyecto de Ley radicado bajo el número 036 de 2014, por medio del cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros, reportes en centrales de riesgo y se propone una rentabilidad mínima en las cuentas de ahorro. “En total son cuatro artículos que benefician a los colombianos. El objetivo es que los clientes, cuentahabientes y ahorradores, no tengan que pagar altos costos por intermediación financiera. La bancada conservadora está trabajando para que a los colombianos les rinda mucho más los pesos que tengan en sus cuentas bancarias”.

Los artículos son:

1. Que a partir de la aprobación del proyecto, los clientes de los establecimientos bancarios puedan disponer de todo el dinero que tienen en sus cuentas de ahorros o depósitos  electrónicos, sin tener que dejar un saldo mínimo.

2. En los casos en que las cuentas de ahorros se encuentren inactivas por un periodo superior a 60 días, la entidad financiera solo podrá cobrar costos por los primeros 2 meses y en ningún caso, podrá hacer cobros retroactivos cuando el titular de la cuenta haga nuevos depósitos o movimientos.

3. Los establecimientos de crédito deben reconocer a los usuarios una rentabilidad mínima positiva en todas las cuentas.

4-. En los reportes de información negativa que sobre el incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios, etc, solo aplicará para obligaciones superiores al 20 por ciento de un salario mínimo legal vigente, previa comunicación al titular con el fin de que pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación.

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